El Ministerio Público de Guatemala confirmó la destitución de la fiscal Leonor Morales Lazo, funcionaria que intentó anular las elecciones en 2023 para invalidar el triunfo del actual presidente Bernardo Arévalo.
En diciembre de 2023, cuando Morales se desempeñaba como agente integrante de la Fiscalía Especial Contra la Impunidad (FECI), aseguró que los comicios celebrados cuatro meses antes eran nulos debido a ciertas anomalías en las actas y pidió a los magistrados electorales dejarlos sin efecto.
En aquella ocasión, el presidente Arévalo denunció la solicitud de Morales como un intento de golpe de Estado, dirigido por la entonces fiscal general, Consuelo Porras, quien había sido sancionada por Estados Unidos y la Unión Europea por actos corruptos y antidemocráticos, y que pretendía evitar que asumiera la presidencia por su promesa de atacar a las élites corruptas, según declaró el mandatario aquel año.
Morales Lazo lideró allanamientos en el Tribunal Supremo Electoral (TSE) en el 2023, que resultaron en el secuestro de cajas electorales, así como en una actividad del Colegio de Abogados y Notarios de Guatemala durante la elección de magistrados para la Corte de Constitucionalidad (CC).
Según informes de la fiscalía, Morales Lazo enfrentaba un procedimiento administrativo por nombrar al auxiliar fiscal II, José Raúl Menéndez Rivera, como encargado de la Fiscalía de Delitos contra Operadores de Justicia mientras ella se encontraba de vacaciones.
Gabriel García Luna, designado por Arévalo, es quien asumió el cargo como Fiscal General y Jefe del Ministerio Público de Guatemala ante la destitución de Morales en mayo de 2026, sin embrago fue el pasado martes 22 de septiembre cuando se anunció sobre la remoción del cargo de la funcionaria, así como el de otro grupo de agentes fiscales.
García Luna afirmó que esta serie de destituciones responden a diferentes motivos y forman parte de un proceso de transformación del Ministerio Público, pues los demás funcionarios cumplían labores operativas.
Pocos días después de comenzar su gestión, el actual dirigente de la fiscalía, inició el proceso de remoción de funcionarios que trabajaron durante la administración de la exfiscal general Consuelo Porras, entre estos, Rafael Curruchiche, mano derecha de Porras, quien encabezó investigaciones contra periodistas, exfiscales y exjueces anticorrupción, algunos de ellos ahora exiliados.
La ex fiscal Porras dejó el puesto después de ocho años tras no lograr la reelección ni obtener una magistratura en la máxima corte de justicia del país; además, fue sancionada por la Unión Europea (UE) el 2 de febrero del 2024, por supuestamente socavar la democracia.
El Consejo de la UE informó ese año, que se impusieron medidas restrictivas que limitan los viajes y congelan activos en la Unión Europea tanto de Porras como de otros cinco funcionarios, incluida la ex fiscal Leonor Morales, por actos que atentan contra la democracia y el Estado de derecho o la transferencia pacífica del poder en Guatemala.
Antes de su destitución, Morales Lazo formó parte de la Feci y recientemente integraba la Fiscalía de Delitos contra Operadores de Justicia, desde donde dirigió dos allanamientos en centros de votación del Cang en la capital, tras una denuncia recibida por el ente investigador.
El MP compartió el listado de los fisclaes destituido, entre los cuales se encuentras, además de Morales Lazo, Nehemías Obed Asencio Cruz, auxiliar fiscal I, José Raúl Menéndez Rivera, auxiliar fiscal II, Ervin Joel Bolvito Enríquez, auxiliar fiscal II, José María Galindo Rossel, agente fiscal, Jorge Luis Cortes Rosales, agente fiscal y Serwin Aram Camey Secaida, auxiliar fiscal I.
Acciones que incentivan la inversión
Las medidas tomadas recientemente en torno a la reorganización del MP y otras instituciones, han contribuido a la estabilización del país al incidir directamente sobre la gobernanza y la reducción del riesgo político.
Recientemente, la agencia Fitch Ratings confirmó la calificación soberana de Guatemala en BB+, un escalón por debajo del grado de inversión, y mantuvo la perspectiva estable.
El análisis de Fitch Ratings confirma la solidez histórica del perfil crediticio de Guatemala y señala que los avances logrados por el Gobierno, tanto en su respuesta a un entorno externo complejo como, especialmente, en la implementación de reformas estructurales ha sido clave.
Así mismo, destaca los esfuerzos para aumentar la inversión pública e impulsar proyectos estratégicos de infraestructura, particularmente con alianzas público-privadas e infraestructura prioritaria, así como los avances en materia de competencia y la reciente aprobación de la legislación contra el lavado de dinero.
Fitch Ratings confirma que de Guatemala continúa avanzando en materia de inversión e indicó que tanto el Ministerio de Finanzas Públicas, como los miembros de MINAPA, continuarán incentivando el diálogo con inversionistas, agencias calificadoras, organismos multilaterales y otros participantes de los mercados internacionales.
